Diputados avalan sancionar la toma de casetas con hasta 7 años de cárcel

 

México. La Cámara de Diputados acordó sancionar a quienes tomen casetas en carreteras del país con fines de lucro.

El castigo a quienes incurran en estas acciones irá de seis meses a siete años de prisión, y a una multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.

El dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación recibió 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones y fue enviada al Senado.

En una votación poco usual, los sufragios en contra y las abstenciones a esta iniciativa promovida por las bancadas de Morena y el PAN fueron de legisladores de Morena y el PT, quienes acusaron que con ese dictamen se criminaliza la protesta social y se abre paso a la represión.

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpa el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, señala la reforma.

Los diputados de Morena y el PT integrantes de diversos movimientos sociales se confrontaron con sus correligionarios en un prolongado debate sobre los alcances y consecuencias de castigar la toma de casetas.

Irán Santiago Manuel, diputado de Morena y miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), alertó sobre el riesgo de que la reforma se convierta en un garrote contra la protesta y pidió a sus correligionarios: “no cometamos este grave error, nos vamos a arrepentir”.

El también legislador morenista y precandidato a gobernador de Guerrero, Rubén Cayetano García, fue más allá. Adelantó que solicitará al presidente Andrés Manuel López Obrador que vete la reforma por ser un atentado a los derechos humanos de diversos sectores.

“No podemos renunciar al diálogo y agarrar el garrote. Me niego a ser un vehículo y aval de intenciones que la derecha siempre ha deseado. Recordemos que bajo el discurso del Estado de Derecho y el imperio de la ley se han cometido las peores violaciones a los derechos humanos”, arengó.

Por el PT, Gerardo Fernández Noroña rechazó el dictamen y advirtió: “es una trampa lo que están planteando porque están sancionando cualquier manifestación en las vías de comunicación”.

Y agregó: “si hay que combatir al crimen organizado y combatir a quienes están tomando las casetas para hacer negocio y que imponen cuotas, estoy de acuerdo, pero, cuidado, de con ese pretexto irse contra los legítimos reclamos de nuestro pueblo porque a él nos debemos”.

Su compañero de bancada  y uno de los dirigente de El Barzón, Eraclio Rodríguez Gómez dijo estar “hasta la madre de que solamente se hagan leyes para criminalizar a los pobres” y adelantó que seguirá participando en la toma de carreteras, de ferrocarriles y de aeropuertos. “Ahí los espero para que vayan y me metan a la cárcel”.

En defensa del dictamen, el morenista Javier Hidalgo dijo que no se trata de castigar la lucha social, sino sancionar a quienes lucran con la toma de casetas.

“A mí me enferma pasar por una caseta donde te pidan dinero para hacer negocio engañando que es un movimiento social. No es en contra de la lucha social, sino en defensa de la lucha social. Es oponernos a esos que se aprovechan de este reclamo de la gente para hacer negocio”, dijo.

La diputada de Morena Juanita Guerra Mena dijo que con los actos delictivos de bloqueo de casetas y cobro de boteo involuntario, la sociedad ha clamado resolver esta problemática. “Esta reforma castiga a quien se enriquece a costa de la seguridad de los ciudadanos que usan las carreteras”.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, sostuvo que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de Derecho en las vías generales de comunicación.

El diputado panista mencionó que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.

El diputado Pérez Díaz precisó que, en los hechos, se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son pseudomanifestantes. “La propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación”, alegó.

Los bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos, lo que representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano.

En el presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días, detalló.

 

Con información de Proceso. 

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